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luchar contra el fraude. Defensa sistema fiscal vasco

La capacidad fiscal es un atributo de soberanía. Es por tanto el poder, de entre los que dispone nuestro sistema de autogobierno, que mejor significa nuestro potencial de sujeto político, de pueblo con capacidad para decidir y resolver sus propias necesidades.

Pero no sólo eso. La fiscalidad vasca no sería nada sin la capacidad de generar riqueza de la sociedad. No sería nada sin el emprendimiento y el dinamismo de los vascos. Y no sería nada sin contrato social, sin el compromiso de utilizar esa riqueza para financiar necesidades sociales, para mejorar en bienestar y desarrollo humano. Y así como la fiscalidad es una función derivada de la misma sociedad, las instituciones, los medios, que gestionan la fiscalidad deben reflejar adecuadamente los valores de la sociedad a la que representan.

A una sociedad, como la nuestra, exigente consigo misma, debe corresponder una administración fiscal exigente consigo misma. A una sociedad, como la guipuzcoana, que prioriza el rigor, la honestidad y el espíritu del trabajo ante la administración de los bienes, corresponde una gestión fiscal pública que responda a los mismos parámetros.

Se dice que la Hacienda Foral guipuzcoana últimamente sólo sabe hablar de fraude, de descubrir fraude, de investigar operaciones fraudulentas, de pedir colaboración popular contra el fraude, como si de incitar al chivateo se tratara. ¿Somos todos Hacienda o es Hacienda un vigilante Gran Hermano?

Cuando se dice que la ‘Hacienda somos todos’ queremos decir que todos contribuimos, con nuestras aportaciones tributarias, a hacer lo que necesita este país, a lo que necesita este territorio, a lo que necesita esta sociedad, a lo que necesitan todas las personas para vivir dignamente en Gipuzkoa. Y que quien no lo hace así está cometiendo un fraude contra la sociedad, está quebrantando la solidaridad en la que se funda la fiscalidad, está evitando contribuir al sostén de los servicios públicos de los que se aprovecha. Y, permitir que esto ocurra es descrédito para la Hacienda y decepción para la sociedad. Por eso, Hacienda (es decir, todos) tiene (tenemos) la obligación de defenderse (defendernos) y tiene (tenemos) la obligación de combatir ese fraude fiscal que es fraude social, una verdadera fuga de solidaridad.

Pero, Hacienda Foral de Gipuzkoa está dando ejemplo de cómo se combate el fraude. Comenzando desde casa. La investigación desarrollada en el caso de la Agencia Tributaria de Irun, las inspecciones abiertas en el ámbito circundante a los imputados, las averiguaciones en torno a operaciones que se realizan con billetes de 500 euros, demuestran la actitud intolerante de la sociedad guipuzcoana, y de su Hacienda Foral, frente al fraude. La consigna es Tolerancia Cero. Caiga quien caiga.

Frente al nuevo caso abierto en relación con la empresa Glass Costa Salou, en que se encuentra presuntamente implicado Víctor Bravo, Hacienda Foral ha actuado como cabría esperar de una administración plenamente implicada contra el fraude, de forma decidida y catártica. Nuestra Hacienda ha acometido una investigación prolongada y exhaustiva, ante cuyas consecuencias indiciarias, ha contactado con la Agencia Tributaria, administración que sería la perjudicada en este caso. Y, ambas de la mano han acudido a la Fiscalía. La personación, ante este caso, de la Diputación Foral de Gipuzkoa como acusación particular pone de manifiesto la relevancia y gravedad de los hechos denunciados y el alcance real para las instituciones guipuzcoanas del compromiso de ‘Tolerancia Cero’ que han asumido desde el inicio de esta legislatura.

¿Perjudica, la aparición de un caso como éste, al prestigio de la Hacienda y al sistema fiscal guipuzcoano? No; cuando la Hacienda Foral manifiesta capacidad de descubrir, anular y penalizar redes de fraude, muestra precisamente lo contrario, que cumple la función que se espera de ella con firmeza y eficacia. Además, la lucha contra el fraude es la mejor defensa de nuestra autonomía fiscal y la mejor garantía de un futuro de bienestar para nuestra sociedad. Por ello, a la investigación de la Hacienda Foral (que proseguirá con el mismo denuedo que hasta el presente), al desarrollo de las pesquisas penales, debería sumarse la acción política de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Así, quedaría muy clara la implicación del conjunto de las instituciones guipuzcoanas en la persecución de estos gravísimos hechos.

Alkarbide cree que, en este contexto, procede la apertura de una investigación política en el marco de la Cámara guipuzcoana. Una investigación política ésta que no debe entorpecer ni limitar ni cuestionar, por una cuestión de protagonismo partidista, la investigación administrativa y la penal. Por eso, opinamos necesario que se establezcan las oportunas garantías para que, en relación al caso, se pueda articular con eficacia la colaboración entre las instituciones que desempeñan la tarea de investigación.