Etiquetas

, , , , , , , , , , ,

 

En España, el pacto fiscal catalán origina un rechazo feroz. Los que segregan anticatalanismo, acusan precisamente al concierto catalán de ser una forma de segregación económica, fiscal y financiera respecto al estado.

De rebote, ese incansable jacobinismo hispano, aprovechando la potente reaparición de la corriente recentralizadora, coloca en la diana a los conciertos vasco-navarros. No bajemos la  guardia. El nuevo ataque proviene de los que proponen homogeneizar los regímenes financieros foral y común en un nuevo ‘café para todos, apelando a la falta de equidad del actual sistema y valiéndose de una modificación del diseño de los Cupos vasco y navarro.

 

 

«Es una verdad histórica que el estado español ha sometido a nuestro país [Cataluña] a un expolio fiscal permanente que ha paralizado el desarrollo económico y social”. Así lo afirma la moción recientemente aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Girona que cree también que ese expolio fiscal “ha llegado a la absoluta insostenibilidad actual” y que convoca a la insumisión fiscal de los catalan.

Este episodio es consecuencia, más o menos directa, del clima político que se vive en aquel país. El indudable crecimiento del desafecto catalán hacia España tiene primordialmente (aunque no únicamente) una razón económica.  

Para comprender el ambiente, basta con observar los datos que, sobre la balanza fiscal de Cataluña con el estado, ha presentado estos días el conseller de Economía de la Generalitat catalana, Andreu Mas-Colell. Es decir, por cada euro recaudado por el Estado para atender los compromisos que le corresponden, 43 céntimos no se gastan en Cataluña. Más, el balance fiscal catalán respecto del Estado alcanzó en el año 2009 los 16.409 millones de euros de déficit, un 8,4% del PIB que los catalanes tributan sin recibir nada a cambio.

Está muy extendida la sensación de que es el futuro del país el que está en riesgo, en un territorio en el que se pagan más impuestos que en otro lugar. Así y todo, el sector público catalán vive con el agua al cuello, con las cuentas públicas de la Generalitat a las puertas del tercer plan de ajuste.

El ajuste, sin embargo, apunta a la insuficiencia fiscal. Y el debate catalán (el pacto fiscal) está situado ahí precisamente. Porque, en estas condiciones, no quedaría más remedio que ajustar para evitar la quiebra de la autonomía. Pero, “esto se hunde” decía hace unos meses Jordi Barbeta. Y auguraba que, tarde o temprano, Artur Mas habría de plantearse si, para dejar de sufrir, “una autonomía tan enferma no merece la eutanasia”. Para volver a empezar, concluía el periodista.

Cuando se habla de soluciones, los políticos catalanes citan el modelo alemán, que establece una cesión fiscal máxima del 4% como cuota de solidaridad interterritorial. Pero, la referencia que prefieren es el concierto vasco. Fue un error, se reconoce, no incluirlo en el pacto que posibilitó el Estatut del 79.

Ahora, tras un estudio que ha durado casi todo el año 2011, una Comisión del Parlament ha concluido que Cataluña necesita un pacto fiscal basado en el concierto económico. De acuerdo con esta propuesta, las instituciones catalanas gestionarían y legislarían sobre la fiscalidad catalana; y la cuota a pagar al estado por el ejercicio de sus competencias y por la cooperación interterritorial se establecería de manera bilateral.

El dictamen de la ‘Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Económic fue respaldado en la misma por los representantes de CiU, ER e ICV. PSC, PPC y Ciutadans votaron en contra, aunque los dos principales partidos estatales no se han cerrado públicamente a negociar. A pesar de que las conclusiones de la ‘Comissió d’Estudi’ fueron votadas hace meses -el pasado 28 de octubre del 2011- el Pleno del Parlament no las ha aprobado todavía.

De acuerdo con el planning acordado por la ‘Comissió’, a partir del momento en el que se produzca la resolución del pleno parlamentario, al Govern le tocaría organizar la implicación de la sociedad civil (que ya se ha empezado a movilizar) y, al cabo de tres meses, se obligaría a presentar un proyecto de ley cuyo objeto fuera la convocatoria de una consulta popular que ratificara la propuesta de pacto fiscal.

En España, sin embargo, este debate se vive como una amenaza. En ese ámbito, el pacto fiscal catalán origina un rechazo feroz. Los que segregan anticatalanismo, acusan precisamente al concierto catalán de ser una forma de segregación económica, fiscal y financiera respecto al estado.

De rebote, ese incansable jacobinismo hispano, aprovechando la potente reaparición de la corriente recentralizadora, coloca en la diana a los conciertos vasco-navarros. No bajemos la  guardia. El nuevo ataque proviene de los que proponen homogeneizar los regímenes financieros foral y común en un nuevo ‘café para todos’, apelando a la falta de equidad del actual sistema y valiéndose de una modificación del diseño de los Cupos vasco y navarro.