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Hace un año, Bildu prometió ‘el cambio político y social’. Más allá del cambio más visible que es el que se produjo a partir del nombramiento de Garitano como Diputado General, hoy nos podemos preguntar en qué se está realizando el ‘cambio’ anunciado.

A la hora de hacer este examen, no se puede olvidar que la izquierda abertzale ejerce, por su actividad dentro y su presión desde fuera, un influjo hegemónico en Bildu. Esta hegemonía se manifiesta dentro, porque dispone de la mayoría en el seno de la coalición. Y se refuerza desde fuera, ya que la tensión que despliegan los colectivos sociales afines al MLNV (los autodenominados ‘movimientos populares’) busca controlar y acicatear a los responsables institucionales de Bildu.

Por eso, cuando hablamos de las pretensiones de ‘cambio político y social’ de Bildu, hay que entender que hablamos de la idea de ‘cambio’ que preconiza la izquierda abertzale, transferida en lo sustancial a los programas y la acción que también desarrollan los componentes minoritarios de Bildu.

De acuerdo con el documento ‘Zutik Euskal Herria’, el ‘cambio político’ se define como un cambio de marco político que se inscribe en la trayectoria del que llaman ‘proceso de liberación’, protagonizado por el MLNV.

En este contexto, definido por una actividad que pretende una ‘acumulación de fuerzas creciente’ (“uniendo el trabajo del movimiento popular y el de las instituciones”) con el objetivo de agudizar la ‘confrontación con el Estado’,  Bildu ya está realizando lo más importante de lo que le cabe hacer para el logro, no ceñido a Gipuzkoa, del ‘cambio político’ que persigue. Con su actuación en la DFG, Bildu aporta su fuerza electoral, su conexión con los colectivos de masas asociados al MLNV, su posición de poder institucional y la puesta a disposición de todos los recursos institucionales que gestiona al servicio de un ‘proceso democrático’ que conciben a su gusto. He ahí la implicación más importante de Garitano y su gente con el que llaman ‘cambio político’.

En relación con la administración de lo que son sus competencias formales, el actual gobierno de la Diputación guipuzcoana también insiste en definirse como partidario del ‘cambio’. Es decir que, más allá de favorecer al agravamiento de la confrontación política, el cambio político ofrecido llevaba consigo un compromiso de realizar otra gestión pública. De hecho, la marca de la Diputación de Garitano es Gipuzkoa berria’, imagen de una voluntad de impulsar una política de ‘nuevo’ estilo.

En este ámbito más sectorial, al equipo de Bildu se le acusa a menudo de improvisar, de contradecirse continuamente y de no tener programa, ni nuevo ni viejo. Aunque no todas esas críticas sean fundadas, hay que reconocer que, en importantes ámbitos de esta gestión, Bildu ofrece un cuadro de gran incapacidad.

El ejemplo más recurrido para mantener este reproche es el de Larraitz Ugarte, titular foral de Infraestructuras Viarias, y responsable de los bandazos que ha dado el gobierno foral en materia de financiación de carreteras. Al principio defendió el gratis total, después quiso penalizar los viajes cortos, más tarde planteó combinar peajes y viñeta y ahora plantea subir las tarifas en verano. A los usuarios de carreteras, desconcertados, ya sólo les cabe esperar a que las Juntas Generales impongan la cordura y acaben con este sinsentido.

Algo parecido pasa con el ámbito de la economía guipuzcoana. Garitano presentó unos presupuestos para el ejercicio 2012 que carecían de iniciativas para afrontar la crisis. El PNV le obligó a incorporar una serie de créditos (8 millones de euros) cuyo objeto era dar cobertura a una serie de actuaciones forales ante la grave situación de la economía. Todavía hoy, la característica principal de la política foral ante la crisis es la inactividad total.

No hay, sin embargo, falta de criterio en infraestructuras. La parálisis es absoluta, porque el criterio es parar o desmantelar todo lo planeado. El ejemplo más gráfico es el que se refiere al centro de gestión de residuos. No hay un plan alternativo que resista un debate en las Juntas Generales. Por lo tanto, no hay solución de tratamiento finalista que sustituya al centro de residuos de Zubieta, excepto la prorroga sine die de la vida de los vertederos. Y aunque la ‘Gipuzkoa Berria’ de Garitano haga alarde de promover la participación, Bildu desprecia a decenas de miles de guipuzcoanos que desean que se les consulte a la hora de decidir los sistemas locales de gestión de residuos.

En los demás departamentos, nada que pueda ser enarbolado como referente de cambio alguno. Lo único novedoso en Política Social puede ser la evidente incongruencia entre las iniciales promesas y los hechos posteriores de los responsables del departamento. El debate tributario ha sido, como siempre, muy resaltado en los medios. Pero, a la espera de lo que concluya la ponencia de estudio del Impuesto de Sociedades y del efecto que cause en la futura normativa fiscal, tampoco se puede hablar de una nueva política fiscal con mayúsculas. Del resto, nada nuevo reseñable, excepto la reducción generalizada de sus márgenes de gestión.

De entre todas las incapacidades que pueden achacarse a Bildu yo destacaría especialmente una: Garitano busca un choque de instituciones, entre ‘su’ Diputación y las Juntas Generales que le eligieron y antes las que debe responder como Diputado General. Esto sólo puede expresar la incapacidad de asumir con un mínimo respeto la función de estas últimas, como órgano normativo y de control al que se ha de someter el ejecutivo foral. Y también revela la incapacidad de reconocer que es la Cámara Foral la que representa la legitimidad popular. Esta incapacidad es grave: convertir las instituciones en expresión de los intereses de partido es siempre una tentación que pervierte su funcionamiento democrático.