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No se puede decir que el Pleno monográfico que las Juntas Generales de Gipuzkoa celebraron la pasada semana no haya tenido repercusión. Tenía los ingredientes necesarios para levantar amplias expectativas: la presentación, que ha debido ser forzada  por las Juntas Generales, del programa del gobierno de Garitano;  la insatisfacción de la mayoría política guipuzcoana ante el primer año de gestión de Bildu y el examen de la capacidad de los grupos políticos de la Cámara foral para ejercer el control del que trata de escabullirse el actual gobierno foral.

La primera de las cuestiones ha quedado resuelta en el Pleno, al comparecer el Diputado general a presentar el programa demandado. Eso sí, lo hizo con el retraso de un año, con una retórica envuelta en generalidades, con unas mínimas concreciones destinadas a poner de manifiesto las prioridades políticas de su formación, entre las que destacaría el rechazo a las infraestructuras que necesita Gipuzkoa y una visión cerrada y monopolística de la declaración de Aiete.

La segunda de las cuestiones –la insatisfacción de la mayoría de Juntas con la gestión de Bildu- la he analizado hace muy pocos días. No insistiré en ella. Pero, sí conviene recordar en que no es cierto que a este grupo no se le haya dado ningún margen para que realice con orden su trabajo. De hecho, durante los 6 primeros meses pudo acordar cosas importantes con todos los partidos, con PP (financiación de carreteras), con PSE (reforma tributaria) y con PNV (presupuestos).  Las causas, sin embargo, de que aquel inicial margen haya decaído han sido básicamente éstas: la negativa del Diputado general a presentar un plan global de trabajo para toda la legislatura, su conflicto frontal con las Juntas al negarse a ejecutar Normas Forales en vigor que se comprometen con proyectos de carácter estratégico y su falta de implicación ante la crisis económica.

El objetivo de este artículo es  examinar la tercera cuestión planteada en el final del primer párrafo. A saber, la capacidad de los grupos junteros para ejercer, con las herramientas parlamentarias a su alcance, la función de control sobre un ejecutivo foral que se resiste a ser controlado. Tras el debate de esta semana, se ha vuelto a ver la dinámica entre Diputación y Juntas Generales en su justo punto, sin distorsión, en el que lo quiso colocar el electorado guipuzcoano. El gobierno como tal, con el apoyo que tiene, sin mayoría; y la oposición, en su papel de control y, representando la mayoría popular, rectificando las políticas que desacatan el criterio de la Cámara.

No es necesario, por tanto, convocar a la ‘moción de censura’ como si fuera la solución milagrosa de la crisis institucional guipuzcoana. Por supuesto, lo que se espera en primer lugar de los políticos en general, y también de los guipuzcoanos, es que no se valgan de esta herramienta para fortalecer lo que quieren censurar. Esto exige una valoración crítica que vaya más allá de la esfera de lo aparente e inmediato en que se mueve la pura comunicación política. La insistente matraca que reclama la presentación de esta ‘moción’ no tiene en cuenta, además, que el mensaje que transmite es el de la inutilidad de la oposición, o lo que es lo mismo, que en la política sólo sirve gobernar.

Es evidente que era, es y será posible otro gobierno. Pero, cuando Markel Olano (PNV: 1ª fuerza de la oposición) presentó su candidatura en junio de 2011, enseguida Rafaela Romero (PSE: 2ª fuerza) y Juan Carlos Cano (PP: 3ª fuerza)  anunciaron sus propias candidaturas, malogrando la posibilidad de una alternativa real a Martin Garitano. Así, lo que al inicio de legislatura pudo tener un carácter más positivo, como una iniciativa fundada en una cierta coincidencia programática, ahora, parecería manifiestamente una herramienta de reacción para expulsar a Bildu del gobierno.

No voy a decir que se pueda gobernar desde la oposición porque me parece imposible. Pero, las Juntas Generales pueden hacer Normas por iniciativa de los grupos junteros (una herramienta no utilizada hasta ahora), pueden provocar debates monográficos para criticar y proponer otra visión de las políticas forales y pueden cesar a los diputados (caso Aldunzin) que se pasan por el forro las resoluciones de la Cámara.

Aunque, para sacar jugo a todas estas posibilidades reglamentarias,  los grupos de la oposición en Juntas necesitan adoptar otra actitud política, menos partidista y más identificada con las demandas sociales, y ejercer iniciativa política, dejándose de fanfarronear con una ‘moción de censura’ por ahora imposible que, lejos de socavar la posición de Bildu, erosiona la solvencia de la mayoría del Parlamento foral.