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derecho a voto y ser votado

A mi juicio, el debate político sobre la ilegalización de Batasuna y sucesores no se extingue con el respaldo de Estrasburgo a la legalidad de esta decisión. Está visto, por supuesto, que la legalidad vigente ampara la iniciativa ilegalizadora, de la misma manera que el mismo ordenamiento legal protegió durante una larga etapa, casi 25 años, a los partidos hoy proscritos. Pero, creo que el debate sobre la oportunidad de la ilegalización no se circunscribe al ámbito del Derecho.

En primer lugar, está el punto de vista de la participación política. Es decir, todos somos conscientes hoy de la creciente desidentificación de la ciudadanía con las instituciones políticas. Ante este hecho, los partidos, o la mayoría de ellos, proponen esquemas de renovación democrática, que se despliegan en torno a la idea de participación, proponiendo nuevos métodos que estimulen y encaucen la integración de todos aquellos que se quedan extramuros del sistema político.

Más allá  de situaciones excepcionales, el estado natural, la auténtica fortaleza, de un sistema democrático es su permeabilidad, su capacidad para abrirse, el actuar de acuerdo a un estímulo de integración democrática. La abstención, el voto nulo,… son manifestaciones concretas de las debilidades del sistema a la hora de integrar a los escépticos o a los disidentes.

Y la ilegalización de estos partidos antisistema no invierte esta tendencia de auto-aislamiento de los disidentes. Ahí precisamente, creo que nos encontramos con un contrasentido, entre la inclinación del sistema a abrirse y a crear oportunidades de participación y la tentación de empalizarse ante proyectos afines políticamente con el terrorismo, que el sistema político debe resolver. Hay, sin duda, una realidad perceptible en Euskadi: decenas de miles de ciudadanos se han quedado sin una referencia, y, por lo tanto, al margen de la participación en el orden político.

Desde una perspectiva menos principista, más utilitaria, convendría analizar la eficacia de las medidas ilegalizadoras. Indudablemente, el debilitamiento social del MLNV y ETA es manifiesto. Pero, a mí modo de ver, la causa decisiva no reside en la ilegalización de las formas electorales de esta ultraizquierda, sino en la transformación cultural que se ha dado en la sociedad vasca con el desarrollo de su autogobierno, cosa que ha llevado a la que hace treinta años era la sociedad más resistente del mundo occidental a ser una sociedad bastante satisfecha de sus recursos y sus logros.

En lo estratégico, ‘la combinación de múltiples formas de lucha’ y la ‘acción popular infinita’ son el soporte de la guerra popular prolongada de ETA. La pretensión de vencer una estrategia múltiple en lo relativo a los modos de lucha, múltiple en lo referente a sus ramificaciones sociales, múltiple en cuanto a sus estímulos sociales, reticular en la interacción de todos ellos, compleja en la demostración de sus conexiones formales, aunque clarísima en sus afinidades ideológicas, con una estrategia de ilegalización de sus expresiones políticas, es un error de concepto. Puede tener éxito relativo, pero se está buscando un atajo que no existe, y que puede ocasionar importantes costes para el sistema democrático que es, precisamente, lo que queremos preservar de manera integra. Dice Ignatieff: “en la guerra contra el terror, el único enemigo que puede derrotar a una democracia es ella misma”.

El combate democrático contra todas las formas de terrorismo conlleva una implicación activa de la justicia y de la fuerza pública. Debilitar, como se está haciendo, la capacidad de alistamiento y encuadramiento de ETA es, por supuesto, un éxito democrático. Pero, que el encuadramiento en la organización terrorista sea cada vez más problemático no supone que con ello desaparezcan las condiciones en las que se reproduce la fascinación de muchos jóvenes por la violencia revolucionaria o la revuelta social. He ahí un desafío que remite a una lucha que, más allá de la necesaria persecución del crimen, conlleva implicaciones de índole política y social, aunque también de confrontación ideológica y cultural, en la línea de una deslegitimación social de la violencia.

Por todo eso, en mi opinión, luchar con una estrategia de guerra popular como la que plantea ETA sólo puede plantearse con un horizonte del medio-largo plazo. En lo que a lo político y social se refiere, se requiere una ‘acción popular prolongada’ cuyo epicentro está aquí, es vasco, son las instituciones vascas, son los proyectos de los partidos vascos, es la sociedad vasca que los avala. Frente a Lizarras o Loiolas, el protagonismo recae en el pueblo vasco y sus instituciones, que deben trabajar denodadamente para reconstruir la convivencia democrática de acuerdo con la voluntad y con la participación de todos, sin que nadie, sean minorías fácticas, instituciones sin legitimación democrática o corporaciones poderosas, pueda imponernos proyectos o decisiones que rechazamos.