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Hace treinta años, Irala y los Bultzagileak escribieron el libro ‘Revolución-represión o burujabetza’ que, leído hoy de nuevo, se revela como uno de los mejores libros que se han escrito sobre la cuestión vasca. La obra es una auténtica invitación a recurrir a un salida democrática sobre la base de la experiencia histórica vasca para evitar la recreación de una espiral vasca de enfrentamiento violento, alimentada por los términos ‘Revolución’ y ‘Represión’.

Los dos polos de la espiral buscan ‘acumular’ para situarse frente contra frente, diluyendo el principio fundamental del libre pluralismo, y ofreciendo a la sociedad vasca una única disyuntiva. Burujabetza no es esa ‘acumulación’ amorfa puesta de moda por el retorcido lenguaje con que la izquierda abertzale aborda el ‘nuevo tiempo’. Burujabetza es una línea de integración democrática permanente. Y es la manifestación de la tradición personalista y popular (de libertad personal y colectiva) de nuestros antepasados, que entiende la libertad como resistencia a toda ‘dependencia impuesta’, o la ‘libertad como no dominación’, que diría la moderna doctrina republicana.

La problemática de los presos es a la vez una muestra y un reflejo de la extensa geografía del sufrimiento que ha dejado ETA. Ante esta tan crítica cuestión, ¿hay espacio para que el PNV (que, según los autores, era el principal agente de Burujabetza) desarrolle una línea de integración democrática a salvo de las estrategias de ‘dominación’ desplegadas que (se) sirven para que la confrontación ‘Revolución-Represión’ se perpetúe?

Estrategias desplegadas al servicio de la confrontación frentista. Hace dos semanas, los medios de comunicación daban cuenta de la elección del nuevo equipo de responsables del colectivo de presos de ETA. En una entrevista, una de los componentes de la nueva dirección del EPPK definía así la misión del colectivo: “respaldar, garantizando nuestros derechos, ante la administración carcelaria a quien está encarcelado a causa de la lucha en favor de Euskal Herria y darle oportunidad de continuar con su acción política por encima de los límites que impone la cárcel” .

Misión formulada con una expresión unitaria, pero que se expresa a través de dos formas discursivas. Una, ética-humanitaria, vinculada a la estricta reclamación de los derechos humanos de los presos ‘ante la administración carcelaria’. Otra, que liga a éstos al conflicto, como agentes activos de una lucha que se desarrolla por encima de los límites de la prisión.

Históricamente, la estrategia del MLNV (y sus múltiples organizaciones) ha combinado la presentación unitaria (agregada) y dividida (separada) de los dos discursos con los que se defiende dicha causa de los presos.

En la práctica se puede comprobar cómo funciona esta combinación dialéctica de la unidad y la división en las formas del discurso. La ‘nomenklatura’ de la izquierda abertzale, cuando formula su línea global, habla como Marixol Iparragirre (EPPK) y reclama el tratamiento humanitario para los presos en el marco de una confrontación que justifica el compromiso político de éstos. Es la posición unitaria.

Prevaleció, sin embargo, la causa de la lucha política sobre la demanda de los presos cuando ETA entendió (en 2006) que el gobierno español quería utilizar la última para obstruir la resolución del conflicto. Ahora bien, cuando el MLNV ha querido ampliar el espectro de apoyo político y popular al cambio de la política carcelaria, ha sabido promover plataformas (Batera, Egin Dezagun Bidea,…) centradas principalmente en las demandas humanamente más sensibles (acercamiento de presos a las cárceles próximas a sus domicilios, liberación de enfermos, etc…). Son los dos aspectos de la posición dividida.

En el documento ‘Línea política para 2012’, el MLNV afirma que en la cuestión carcelaria “están dejando sólo al PP”. Parece cierto. Podría decirse que la falta de ductilidad de la política penitenciaria de los actuales titulares del gobierno español es consecuencia de que los partidos estatales la han sometido totalmente a las necesidades de ganar el conflicto contra ETA. Tras haberla deshumanizado poniéndola al servicio de una política de Estado, la política antiterrorista, el debate sobre si se ha producido o no la ‘efectiva victoria del Estado de derecho’ condiciona de hecho la adecuación a la normalidad constitucional del trato a los presos etarras y tapona el margen de maniobra del gobierno español. El PP, no obstante, ha trabajado conscientemente esta soledad.

Aunque ambas políticas (del MLNV y del PP-gobierno) están vinculadas al desarrollo creciente del conflicto, la mayor versatilidad del MLNV le proporciona una ventaja táctica en un escenario vasco en el que el movimiento revolucionario busca amalgamar (bajo su control) a la mayoría de las fuerzas vascas en una confrontación abierta con el Estado. El problema es que de desencadenar esta nueva confrontación, que se mostrará como polarización social o enfrentamiento cívico en el país, difícilmente se deducirá beneficio alguno para nuestra libertad, sea personal como colectiva.

El esfuerzo del PNV por superar este escenario bipolar. Hay que reconocer que la discusión se desarrolla en condiciones muy complejas. Un primer problema: si el esquema a seguir para el tratamiento de las llamadas ‘consecuencias del conflicto’ (otra perversión del lenguaje del ‘nuevo tiempo’) es el de la propuesta de Anoeta del año 2004 (o el acuerdo de Gernika 2010), los presos serían tema a abordar por una mesa ‘técnica’ compuesta por los mismos promotores de las estrategias de la ‘Revolución’ y de la ‘Represión’.

La visión humanista que le tocaría defender al PNV no debería aceptar este esquema. La razón es que de esta deliberación no puede excluirse a la principal víctima colectiva de las ‘consecuencias del conflicto’, la sociedad vasca. Y mucho menos puede aceptarse que la justicia y la reparación sean tomadas como una mera cuestión ‘técnica’.

En la entrevista citada al inicio de este artículo, el colectivo de presos EPPK  se ha reafirmado en su demanda de amnistía, que sólo se consumaría con la salida colectiva de todos los presos de ETA como paso previo a “encarar las razones del conflicto” que los llevó a la cárcel. En respuesta, el gobierno español ha perfilado las condiciones (ruptura con ETA, proceso de reinserción individual) bajo las que se podría levantar la excepcionalidad en el tratamiento penitenciario de los presos de ETA y afrontar la resocialización paulatina de los mismos.

La oportunidad del tratamiento individual o colectivo, de la ruptura o no con ETA, de la amnistía o de la reinserción… forma parte de la controversia política que ha acompañado a la presentación de la propuesta del gobierno. Para evitar alimentar a uno u otro de los polos del debate, lo más sensato es rechazar la constitución de plataformas únicas con cualquiera de ellos sin oponerse en cambio a coincidir en acciones constructivas puntuales. La posición humanista del PNV merecería ser reconocida, por lo tanto, por  mantener libertad de movimientos y tener una posición propia firme, no sometida a intereses excluyentes. Es decir, sin blindarse en una entente con Rajoy ni inmovilizarse en Aiete, aun cuando mantuviera una posición de abierta interlocución con ambos polos.

En relación con los contenidos de una iniciativa humanizadora, hace bien el PNV al no encerrar su política en una visión monocromática o unilateral. Por ejemplo, no debemos permitir que el debate reinante en torno a los presos oculte el tremendo drama humano ocasionado por ETA. Aunque, tampoco la empatía con las víctimas puede hacernos insensibles ante las excepciones normativas que, por mor de una mayor eficacia de lucha contra el terrorismo, se han aplicado a los presos vascos.

Reinserción y justicia. Más allá de los aspectos que ya he subrayado, caben dos preguntas más en relación con el sentido de una política penitenciaria más humanitaria:

  1. ¿qué circunstancias facilitarían un tratamiento humanitario adecuado a los presos?, y
  2. ¿bajo qué condiciones podría resolverse el tema de los presos de tal manera que pudieran favorecerse su reinserción?

La respuesta a la primera pregunta es obvia. El tratamiento a los reclusos ha de regularse de acuerdo con las exigencias del derecho humanitario. La legislación y los procedimientos penitenciarios excepcionales que se ha puesto en marcha en las últimas décadas no tienen justificación bajo ningún concepto.

A la segunda pregunta se le suelen dar muchas respuestas. Algunos dicen que no hay reinserción posible que no traicione a las víctimas. Otros replican que, aunque la reinserción es una prescripción constitucional que no es posible eludir, sólo cabría activarla en el momento en que ETA se disuelva (de la manera en que sucedió con ETA-pm). Unos terceros afirman que sólo puede realizarse a partir de expedientes individuales, previa petición de perdón a las víctimas. Finalmente, están quienes creen que, para dar salida a sus presos, lo importante es que ETA se desarme, porque las organizaciones terroristas no se disuelven nunca (Eguiguren).

En el marco de una línea de integración social permanente, la sociedad tiene el deber de abrirse y ayudar a la reinserción de las personas encarceladas. Pero, no puede haber un tratamiento humanitario de la reinserción sin justicia. Y esto significa dos cosas. Primera, que los imputados por haber quebrantado derechos humanos deberían ser juzgados antes de que puedan acogerse a la opción de reinsertarse. Segunda, -de modo independiente a que la reinserción se articule de modo individual o colectivo y a que se produzca o no la disolución de ETA- la reinserción habría de significar un reconocimiento de que el daño y el sufrimiento causados a las víctimas y a la sociedad vasca han sido injustos.